La pena de muerte

(Acracia, Junio 1886)

Una desgraciada oportunidad nos mueve a efectuar este trabajo. Es posible que el cadalso solevante en España en la capital de la dominación política y en la de la explotación capitalista, en Madrid y en Barcelona. Tan triste posibilidad, y más aun si llega a tener cumplido efecto, es para nosotros un asunto importantísimo sobre el que no podemos eximirnos de manifestar nuestra opinión.

Existe fatal desacuerdo entre el médico y el legislador, y el desacuerdo es aún mayor entre el médico y el magistrado. Mientras el uno, connaturalizado con el organismo humano, ve dónde radican todos nuestros actos vitales, tanto los considerados de pura animalidad como los llamados anímicos que, según las antiguas escuelas, proceden del sentimiento, de la inteligencia y de la voluntad, cuya síntesis es el alma; los otros ven los actos separados de su principio impulsor, carecen de competencia y capacidad para el estudio de su génesis, y toman como causa lo que sólo es un efecto relativamente anterior al hecha que juzgan, pero muy posterior a la verdadera causa.

El médico, cuando no se estaciona como empírico adaptador de las observaciones y de las fórmulas de sus colegas más estudiosos, y cuando no degenera en curandero autorizado, puede llegar, y mucho hay adelantado en este camino, a determinar los órganos y el mecanismo que producen los fenómenos morales.

El legislador, tanto en los tiempos del absoluto autoritarismo monárquico como en los modernos de autoridad democrática, desconoce la máquina del pensamiento y el móvil de las pasiones, persistiendo aunen los errores y preocupaciones del misticismo y de la teología, y, con este desconocimiento de lo esencial e indispensable para su misión, fija reglas para la conducta de los hombres y señala castigos para sus infractores.

El magistrado, más ignorante aún que el legislador, interpreta la ley, producto de la ighorancia y de las preocupaciones de antiguos legisladores, y se convierte en su continuador automático, concediendo más autoridad a la ley cuanto más vieja y más en oposición se halla con las modernas, necesidades y las recientes demostraciones científicas, que siempre considera como perturbadoras novedades.

Es incontestable, dice Spencer, evidente y sin embargo absolutamente ignorado, que todos los fenómenos sociales tienen su origen en los fenómenos de la vida individual, cuya raíz a su vez se encuentra en los fenómenos vitales en general; de dónde resulta la presunción inevitable de que, a menos que las relaciones entre los fenómenos vitales, físicos e intelectuales no sean un caos (hipótesis excluida por la continuación de la vida), los fenómenos que de ellos resultan tampoco pueden ser un caos: debe de haber, pues, cierto orden en la sucesión de los hechos en la esfera social; y evidentemente cuando alguien que no ha estudiado este orden acomete la tarea de regular la sociedad, está muy expuesto a producir el mal.

La misma conclusión debería imponerse al legislador por la comparación de las sociedades. Debería serle suficientemente manifiesto que antes de intervenir en los detalles de la organización social es menester preguntarse si esta organización no tiene una historia natural, y que para contestar a tal pregunta hay que inquirir, comenzando por las sociedades más sencillas, en que concuerdan entre sí las estructuras sociales. Este estudio de sociología comparada, a poco que se continúe, muestra la misma uniformidad sustancial en la génesis de la sociedad”.

Si las atinadas reflexiones del gran sociólogo inglés han sido desconocidas por los legisladores del pasado, dando lugar a esos códigos irracionales que rigen las modernas sociedades con las preocupaciones de la Edad Media y de la Antigüedad, no menos desconocidas son por los legisladores de nuestros días, que alcanzan esa investidura mediante las intrigas y supercherías políticas, sin prueba de capacidad, careciendo de ella casi en absoluto y dispuestos a plegarse a las exigencias de sus padrinos, sean los gobiernos, sean los comités directivos de los partidos.

Expuestas estas consideraciones vengamos al hecho que nos sirve de punto de partida.

En la Revista Frenopática Barcelonesa correspondiente al año próximo pasado, hallamos un artículo titulado: “Sobre el idiotismo moral —Cartas frenopáticas”, que denuncia un hecho gravísimo, de aquellos que corroen los cimientos de la actual Sociedad.

Con fecha 7 de Marzo de 1885, dirige el Dr. Acha, desde San Sebastián, una carta al Dr. Giné, de Barcelona, manifestando que tiene encargo de dictaminar sobre el estado mental de un preso acusado de doble homicidio, sobre el cual tiene formado el juicio de que es un imbécil, pero no imbécil intelectual, sino que su deficiencia psíquica se refiere a los sentimientos, y por tanto su estado debe calificarse de imbecilidad moral. Con este motivo pide al Dr. Giné le dé alguna luz sobre el asunto, como especialista en frenopatía, añadiendo que “del efecto que su discurso haga ante el tribunal pende la vida de un mentecato, de un imbécil”.

El Dr. Giné contesta definiendo de este modo el idiotismo moral: “es un defecto ingéntito del desarrollo de las facultades afectivas y particularmente de los sentimientos altruistas, con un grado más o menos próximo al nivel normal del desenvolvimiento de las aptitudes intelectuales”. Expone luego los caracteres de ese defecto, resumiéndolos así al final: “vagancia, mentira, dilapidación, hurto o robo improductivos, hipocresía, comisión de grandes crímenes sin impulso pasional suficiente y acción negativa de la educación. Todo esto se echa de ver desde los primeros años de la vida del individuo. El idiota moral nace criminal: es como el artista; el criminal responsable aprende el crimen en el ejemplo”.

Acompaña el Dr. Giné las anteriores afirmaciones científicas de las siguientes consideraciones: “Los magistrados, con nuestro defectuoso código en la mano, no entienden ni quieren entender de idiotismo moral... por desgracia durará aun muchos años la confusión de estos idiotas de la afectividad con los malvados... Todos admiten el idiotismo general; todos concuerdan en que existen en la especie humana seres cuyo desarrollo frénico no alcanza el nivel común del desenvolvimiento de las aptitudes psíquicas... Los tribunales hacen arrancar la irresponsabilidad del idiota y del imbécil única y exclusivamente de su insuficiente inteligencia: opinan que si éste es egoista, cruel, lúbrico, glotón y sucio es a causa de ser poco inteligente. En prueba de que la depresión moral o afectiva es, en los idiotas, primitiva, y no consecuencia necesaria del deficiente desarrollo de la inteligencia, se ven muchísimos idiotas que con todo y no haber podido aprender a leer, ni escribir, ni a hablar con mediana corrección, muéstranse afectuosos para con sus parientes, tiernos y agradecidos para con los que los cuidan y perfectamente educables en cuanto atañe a las relaciones de la vida doméstica. Vense, en cambio, personas de talento más que mediano, puesto que no tan sólo leen y escriben gramaticalmente y cuentan de conformidad con la aritmética, sino que han aprendido idiomas, saben dibujar, pintar y... hasta imitan firmas y falsifican documentos, y que no obstante, jamás, aun a contar desde su más tierna infancia, han manifestado poseer ninguno de esos sentimientos de afecto, cariño, gratitud, amor, justicia, apego a lo bueno y repulsión para lo malo en que se fundan los vínculos de la familia y de la sociedad. Las cárceles y los presidios están ahitos de estos individuos”.

La ciencia habló, los esfuerzos de los Dres. Acha, Ubago y Landa se estrellaron ante las irracionales prescripciones del código y la ignorancia de los jueces; el irresponsable por defecto ingénito, según la ciencia, ha sido considerado como responsable por el tribunal de... justicia y ejecutado el 15 de Octubre.

Tan ignominioso atentado ha sido celebrado por la insulsa palabrería de asalariado gacetillero en los siguientes términos: “La justicia humana satisfizo a la vindicta pública el día 15 del corriente, entregando al brazo del verdugo la vida de Toribio Eguía y Esparza, el criminal de Atondo (Navarra)”.

Este atropello jurídico inspira a los Dres. Jimeno y Ribas y Pujol severísimas censuras, y les lleva a la conclusión de que el código y los tribunales no conocen, no pueden conocer, la responsabilidad de un acusado, y por consecuencia sus sentencias han de ser necesariamente injustas aunque con ellas se lleven irresponsables, es decir, inocentes, al patíbulo. Y esto que ven los médicos desde el punto de vista de la frenopatología puede desgraciadamente hacerse extensivo a todos los ramos de la sociología, que el código resuelve con preceptos impuestos por legisladores ignorantes, y que los magistrados aplican con aquel aplomo y suficiencia que despliega el ignorante revestido de autoridad.

Hágase cargo el lector de toda la gravedad del asunto; considere ese código y esos tribunales que, en nombre de la justicia, en nombre de la vindicta pública, para castigar un homicidio, ejecutan un homicidio, después de haber desoído la competente voz de un médico que afirma que la víctima designada para el homicidio jurídico era irresponsable; generalícese esta consideración y hágase extensiva a todas las relaciones sociales en que el poder legislativo y el poder judicial intervienen, dada la incompetencia de legisladores y magistrados, y se verá que esta sociedad en que vivimos no puede reposar sobre bases más injustas y se sostiene sólo por la rutina y la indiferencia.

La Justicia, esa sublime abstracción que guía los pasos de los hombres por la senda del perfeccionamiento a la perfección, pone aquí terrible veto a las leyes y a los llamados tribunales de justicia; porque el injusto asesinato jurídico que los frenópatas han visto y palpado desde el punto de vista de su especialidad, es segura prenda de que las mismas injusticias se cometen en todos conceptos.

En la sociedad del porvenir, tenemos por cierto y nadie será osado a desmentirnos, que, destruidas las causas promovedoras del crimen por la verdadera ilustración, por el trabajo atractivo y por la solidaridad sublime, el crimen desaparecerá, y si por raro caso algún criminal, loco o malvado, recordase estos tiempos de barbarie en que vivimos, toda la masa social se conmovería sintiéndose herida en la fibra del sentimiento, herida en el inmenso amor que unirá en fraternal lazo a la humanidad toda, y aplicaría oportunamente el tratamiento patológico o moral para obtener la curación o la rehabilitación del desgraciado.

Pesemos ahora a considerar la pena de muerte en la parte que pretende atribuírsele de ejemplaridad.

Está probado que a mayor grado de ilustración y de bienestar corresponde notable disminución de criminalidad, y por el contrario, mayor ignorancia y miseria producen aumento considerable de crímenes. Resultado es este que no necesita demostración: todo el mundo reconoce que el hombre ilustrado y feliz ha de producir actos morales diferentes de los del ignorante desesperado; luego el crimen no se evita matando criminales, digan lo que quieran toda esa gente interesada en que siga invariable esa máquina jurídica.

No; la pena de muerte no sirve de escarmiento: ¿quién no ha oído contar casos de criminales sorprendidos infraganti a la vista del patíbulo? ¿Quién ignora que hasta se da el caso de que los incidentes de los últimos momentos de un reo llegan hasta inspirar a algunos seres pervertidos la envidia y la emulación, como si fueran actos heroicos?

Si hubiese verdadero empeño en que los hombres siguiesen la buena senda y no se separasen, no ya de las prescripciones del código, que sólo contienen una moral acomodaticia y que únicamente representan las preocupaciones o los intereses de los legisladores, sino de los principios de la moral universal, todo se encaminaría a poner al alcance de todo el mundo la instrucción y la riqueza social, sin ningún monopolio ni acaparamiento irritante; pero esto ya vemos que no se hace y que lejos de ser así se opone sistemática resistencia a las manifestaciones y reivindicaciones revolucionarias, y esto último debido a mezquina consideración: ¿que harían esa falange de jueces, abogados, escribanos, procuradores, alguaciles, etc., si no hubiera criminales? Con una justa participación de todos en el patrimonio universal, que produciría una ilustración, una moralidad y una felicidad universales, ¿cómo podrían existir esos orgullosos privilegiados cuya satisfacción consiste en mostrarse radiantes de saber y riqueza ante la masa popular ignorante y pobre?

La pena de muerte, pues, tiene en su contra las manifestaciones de la ciencia que en muchos casos ha demostrado la irresponsabilidad de los reos, que el código no pudo prever y que los jueces desconocen por ignorancia; y la justicia, que no puede autorizar que un homicidio se castigue con otro homicidio, porque el homicidio siempre será criminal, tanto si se comete a impulso de una pasión violenta, como si quiere justificar con la satisfacción de la vindicta pública y en nombre de la ley: tiene en su apoyo la tradición jurídica, combatida por el progreso, y la soberbia de los poderosos.

En este dilema el socialismo acrático opta, en contra de la justicia histórica, por la abolición inmediata de la pena de muerte.