La reforma del Código Penal

(Acracia, Marzo 1887)

Teníamos un Código penal que, por lo visto, no era suficiente garantía para la conservación del orden y no satisfacía las exigencias de la justicia.

Tan grande debía ser esa deficiencia, que nuestros gobernantes impusieron a nuestros legisladores la tarea de remendar ese Código roto y maltrecho, que, según parece, permitía que los actos injustos pasasen como lícitos, y sus autores pudiesen codearse y alternar en sociedad con aquellos otros que practican la justicia sin intermitencias.

Y como es de ley, y, si no, como es de uso parlamentario, la parte responsable del poder ejecutivo mandó, o, si se quiere, encargó al legislativo que reparase tan grave falta.

Hállanse nuestros legisladores divididos en dos categorías, Congreso y Senado, llamadas cuerpos colegisladores o Córtes. Desígnase a la primera con el nombre de cámara popular: a ella van los elegidos por el voto directo de los electores, que lo son hoy todos aquellos burgueses, poseedores injustificados de la riqueza pública, o que por el monopolio del comercio y la industria, imponen un tributo a los artículos de consumo como mediadores entre el consumo y la producción; en tiempos de sufragio universal nombran legisladores de esta clase hasta los mismos explotados y espoliados. Supónese que en esta cámara dominan ciertas ligerezas, ciertos ímpetus apasionados, y por esto todos nuestros hombres de Estado, desde Cánovas a Pi, convienen en que no pueden elaborarse las leyes en una sola cámara. Al Senado se le designa con el nombre de alta cámara, y forman parte de él los descendientes de determinados linajes, los designados por el poder ejecutivo, los que desempeñan ciertas elevadas funciones y los nombrados por compromisarios o electores elegidos con poder de elegir. En tiempos y países en que se practica el sufragio universal, la alta cámara se nombra toda por compromisarios, o se busca la manera de que resulten elegidos gente sensata y de orden, porque lo que conviene sobre todo es que los fundamentos sociales no corran el riesgo de ser destruidos por una caterva de apasionados reformadores, por falta del necesario contrapeso de la gente madura y que tiene qué perder.

Nuestro poder legislativo, harto condescendiente con el ejecutivo, condescendencia motivada en que éste es el dispensador de las ricas prebendas con que el Estado remunera a sus servidores, tomó a su cargo la reforma del Código, invirtiendo los términos, es decir, empezando por la cámara moderadora, y convirtiendo su moderación en un radicalismo ultramontano y reaccionario. Todos los cerebros cobijados bajo las lustrosas y venerables calvas de nuestros senadores no han sabido ver otro remedio para los males que experimentamos que restringir la libertad de la prensa, castigar la blasfemia y prohibir el trabajo en las fiestas católicas. La cámara popular, faltando por esta vez a su principal carácter, tendrá que moderar el radicalismo del Senado, a menos que el gobierno exija de su mayoría que aplaste con sus votos la pobre vitalidad de ese viejo y achacoso parlamentarismo, cosa que no dejará de hacer, por aquello de no perder cada legislador su puesto en el presupuesto o sus esperanzas de alcanzarlo.

De modo que un Parlamento así constituido prepara nada menos que una reforma al Código penal, cosa estupenda como proyecto y efímera como base. Porque hemos de reconocerlo; si el parlamentarismo se fundara en más racionales principios, el pensamiento de nuestros gobernantes y legisladores sería relativamente menos malo; pero siendo lo que es, figúrese el lector dónde iremos a parar.

No sirve el parlamentarismo para estas cosas.

Un código penal formado o reformado en un parlamento es un edificio cimentado en la arena.

Todas las razones expuestas durante la discusión contra los preceptos legales que no hayan podido ser refutadas por razones mejores, quedan en pie, a pesar de los votos de la mayoría.

Todas las infracciones al precepto legal quedan apoyadas por aquella razón ahogada por una mayoría parlamentaria.

Todos los castigos impuestos por infracciones de ese género son un crimen legal.

Y toda sociedad que sobre tales bases se sustente carece de todo positivo y racional arraigo, y se halla necesariamente asediada por las reivindicaciones revolucionarias.

Un código penal sólo puede ser obra de un poder personal y absoluto. Sólo un ungido con el óleo santo, acatado indiscutiblemente por todos sus vasallos, puede traducir su pensamiento y su voluntad en leyes; porque su mandamiento es sagrado, y ante él no puede haber mayorías satisfechas ni minorías descontentas: todos son iguales ante la servidumbre.

Así, y sólo así, se explica y se ejerce la autoridad.

Autoridad y libertad son términos opuestos e irreductibles, y todos los ensayos de nuestros políticos burgueses se dirigen al absurdo de fundar una autoridad con elementos liberales o de conceder libertades derivadas de principios autoritarios.

Comprendemos un bando firmado por un capitán general en plaza declarada en estado de sitio y el pregón ordenado por un alcalde de monterilla; pero no podemos explicarnos, porque no tiene explicación racional, que la arbitrariedad, la rutina, o el interés de clase se impongan como ley por los representantes de la nación, después de una discusión en que una mayoría parlamentaria, dispuesta a apoyar incondicionalmente a un ministerio, niegue la razón con sus votos.

Si examinamos el asunto desde otro punto de vista, hallamos que la legislación pretende derivarse de lo que se llama ciencia del derecho.

En el Diccionario encontramos estas definiciones: Ciencia.- Sabiduría de las cosas por principios ciertos como los de las matemáticas. Derecho.- El conjunto de leyes y principios que se pueden hacer cumplir por la fuerza.

Si la legislación tuviese una base científica todos los países tendrían un régimen idéntico, o al menos las diferencias no serían esenciales sino únicamente en relación con el respectivo grado de cultura. El salvaje que sólo puede contar hasta diez y el matemático de nuestra civilización que resuelve los más intrincados problemas, parten de un mismo principio; pero entre el salvaje que sacrifica a un prisionero de guerra para comérsele y el hombre civilizado que honra al extranjero con espíritu fraternal hay una distancia inmensa, aunque ambos practiquen el derecho a su manera. Las ciencias que se saben por principios ciertos como los de las matemáticas se saben exactamente del mismo modo en todos los países que alcanzan el mismo grado de conocimientos, sin que altere en lo más mínimo esta sabiduría la distancia ni la diferencia de raza, de lengua, de religión ni de régimen político. Dos y dos son cuatro aquí y en la Patagonia; pero la manera de transmitir la propiedad por herencia, no sólo es diferente en todas las naciones, sino que en España tenemos derecho catalán, castellano, vasco, etc., etc., etc.

Es legislador en el sistema parlamentario todo el que goza de capacidad política: puede desconocer la ciencia del derecho, puede profesar otra ciencia, puede ser un artista, un industrial, un comerciante, puede hasta no saber leer ni escribir. La ciencia del derecho sólo la cursa el que ha de cumplir las prescripciones del legislador. El caso es por demás raro. Así tenemos que si el derecho fuese verdaderamente ciencia sería una ciencia al revés, toda vez que las ciencias se forman por el estudio y la observación de los que la profesan, y en el caso que nos ocupa, manejan esa ciencia algunos centenares de burgueses puestos al servicio de unos cuantos ministros, de los cuales alguno ha tenido la llaneza de declarar que no entendía de leyes y que no se hallaba dispuesto a morir de empacho de legalidad.

De modo que si toda ciencia ha de partir de principios ciertos como los de las matemáticas, la ley no es de procedencia científica; y si el derecho es un conjunto de arbitrariedades, sólo se podrá imponer por la fuerza mientras exista la fuerza a su servicio, nunca por la evidencia racional ni menos por la persuasión.

De modo que la ciencia del derecho puede en justicia ser considerada como el conjunto de sofismas y arbitrariedades que han servido en todas las naciones para ejercer la tiranía, y la ley, como la imposición de la voluntad de aquel o de aquellos que ejercen el poder político. Y si esto es así, ¿pueden corregirse los abusos del poder político cambiando de nombre y de forma a ese mismo poder? No; sólo se conseguiría que la arbitrariedad cambiase de objeto y de sujeto. Quédese esa ilusión para los que sueñan en corregir los males políticos de la sociedad con la democracia; es decir, con el gobierno del pueblo, o, para decirlo mejor, con la autoridad de la libertad, espejismo con que nuestros republicanos tratan de seducir a los incautos trabajadores, y que han querido limitar los iniciadores del partido obrero.

Y aquí deberíamos terminar nuestro trabajo, encaminado a demostrar la nulidad racional de las tentativas de reforma del Código penal así como los fundamentos de toda legislación, consecuentes con las doctrinas acráticas que se dirigen a la negación de todo gobierno y de toda ley; mas para que no se diga que somos eminentemente demoledores y que sólo presentamos negaciones, queremos terminar por una afirmación.

¿Con qué sustituirá el proletariado ácrata la autoridad, o sea la arbitrariedad dominante? Con el libre pacto, el cual si es eficaz para regular equitativamente las relaciones y transacciones de los individuos entre sí, es igualmente eficaz y justo para determinar las de las colectividades, y por consiguiente tiene alcance y condiciones suficientes para constituir el más firme y justo sostén de la sociedad.

No detallamos más esta afirmación final por hoy, tanto porque ya conocen nuestros lectores nuestro criterio sobre este punto, como porque deseamos que domine el valor de nuestras negaciones.