La igualdad ante la ley

(La Huelga General, 05/06/1903)

La ley no es, digan lo que quieran los que la definen favorablemente por interés, “establecimiento hecho por legítima potestad en que se manda, o prohibe alguna cosa”, ni menos “regla en la que se pone coto a los efectos del libre albedrío humano”, como la define la Academia, y esto por estas razones: 1º porque, para legitimar la potestad mandante, la ley necesita de la ley, y de ese modo se enreda en un mismo concepto causa y efecto, juez y parte, sujeto y objeto, es decir, lo absurdo; 2º porque, si el adjetivo legitima aplicado a potestad ha de tomarse en el sentido de arreglado ajusticia; según frase académica, es manifiestamente injusto, como queda demostrado por la razón anterior; 3º porque albedrio, entendido como “facultad libre del alma”, como dicen que es la Academia y aun la Universidad, institución esta última donde el Estado vende ciencia concordada con el dogma católico, es una palabra vacía de sentido, y el alma, una invención mística negada por la ciencia concordada con la razón.

La ley no es tampoco la justicia, porque si ésta es “una virtud que consiste en dar a cada uno lo suyo”, por precepto de esa misma ley en España, en Europa, en el mundo todo, lo mismo en la generación actual que en todas las precedentes a través de un número desconocido de Siglos, los esclavos, los siervos, los proletarios, tan hombres, tan iguales en perfecto concepto de derecho como los emperadores, los reyes, los señores, los capitalistas y los propietarios, han sido, son, somos despojados de lo nuestro; de hecho, por la fuerza, luego por la costumbre y después por la vil sumisión; de derecho, por esa misma ley, que vincula, es decir, autoriza, sanciona, consagra y legaliza la usurpación que la parte mínima de la humanidad, la caterva de los privilegiados perpetró siempre, perpetra aún y perpetrará hasta el triunfo de la revolución social, y sólo acabará crimen tan nefando y extenso con la proclamación y conjunta práctica de la anarquía.

Es más: ni el mismo concepto corriente de justicia es justo, porque formado por abstracción efectuada por inteligencias subyugadas por la preocupación de los privilegiados, se habla de dar a cada uno lo suyo, suponiendo la existencia de algún donante que puede dar, dejar de dar o aun quitar, sin tener en cuenta que el derecho en abstracto, como concepto de suprema justicia, es intangible, inmanente, intransmisible, inalienable, y por tanto, parte integrante de la persona humana, anterior a toda ley, superior a toda ley, opuesto a toda ley; tanto, que con el solo hecho de reconocerla se empaña su límpida pureza, y con el de imponerle cuando está desconocido, se comete ya un acto de negación, y esto por necesario, por indispensable que sea proceder a su implantación revolucionaria.

Por supuesto que por escrúpulos de conciencia no hemos de dejar los revolucionarios de serlo, ya que si injusto es violentar a los detentadores de la riqueza social a que suelten su presa, más injusto es tolerar un instante más la comisión de ese crimen de lesa humanidad que constituye la médula de la historia.

La ley es legal, y nada más, y si esto parece una perogrullada, no es culpa mía. Legisladores demócratas cometieron en casi todo el mundo civilizado durante el pasado siglo la insigne torpeza de subordinar el derecho natural al derecho escrito, y éste, por lo que respecta a España, quedó supeditado en circunstancias excepcionales a gobiernos tímidos, cobardes y tiránicos, que saben hacer árbitros de la libertad y de la vida de los llamados ciudadanos a cualquier generalote poco escrupuloso, que, previa la suspensión de garantías constitucionales y declaración del estado de guerra, tiene carta blanca para barbarizar a su antojo, y a eso no más quedan reducidas esas Constituciones (siete con dos reformas se promulgaron en España durante el pasado siglo, y en Francia dieciséis), que consignan con cierta ampulosidad derechos y libertades que se suspenden al menor asomo de alteración de ese orden que se pretende que sea vil sumisión y ciega obediencia, cohonestando la suspensión con la fórmula del compromiso de dar cuenta los gobiernos ante las Cortes del uso que hicieren de ella; fórmula vana, hipócrita recurso, verdadero timo político, porque todo el que piensa y observa sabe lo falso y convencional que es el voto de una mayoría parlamentaria, aunque otra cosa hagan creer los jefes republicanos a la masa inconsciente que se deja engañar cándidamente.

La igualdad de los ciudadanos ante la ley es, pues, una engañosa fórmula político-burguesa inventada para dar apariencia aceptable, evolucionista y de posibilidad y oportunidad emancipadora al despojo sistemático a que venimos sometidos los trabajadores: es engañosa por los caracteres esenciales de la ley expuestos ya, y además, porque, lejos de ser una norma general de derecho, no lo es siquiera nacional, y hasta para los individuos establece diferencias, como se verá, y por esto afirmo que cuando los legisladores, legistas, legalistas o leguleyos hablan de jurisprudencia, y la definen pomposamente diciendo que “es la ciencia del derecho”, inspiran risa y merecen desprecio, porque la ciencia dista mucho de ese tira y afloja legal, sino que “ciencia es lo que sabe por principios ciertos y positivos”. En apoyo de esta afirmación, que es verdad perfectamente aquilatada y no declamación inútil y estéril, expongo:

Los hombres y las mujeres en general, y en España en particular, no pueden ser, no serán jamás iguales ante la ley.

1º Porque lo impide la ley misma: la igualdad ante la ley, en España a lo menos, es ilegal por el hecho de haber españoles forales y españoles codificados, que en asuntos tan importantes como la legislación sobre el hombre, la mujer, el matrimonio, los hijos, la propiedad, la prescripción, la herencia, etc., han de atenerse, según la comarca donde han nacido o el concurso de determinadas circunstancias, al Código civil o a los fueros de Cataluña, Navarra, Vizcaya, Galicia, Valencia, Aragón e Islas Baleares, y aun dentro de los mismos fueros, hay privilegios especiales para localidades particulares, existiendo entre todos esos cuerpos legales disposiciones que afectan de modo diferente y aun contradictorio a los hombres, a las mujeres y a los hijos, dándose el caso de haber actos lícitos en el Código civil que son punibles en los forales, o viceversa, o recíprocamente en los forales entre sí, y cosas permitidas a los hombres que son criminales en las mujeres; eso aparte de que la ley implica esencialmente la idea de desigualdad entre el que legisla y el que acata, el que juzga y el juzgado, el que manda y el que obedece, y no molestaré la atención del lector con la demostración detallada y circunstanciada de aberraciones semejantes, porque degeneraría en nimiedad de erudito; basta con lo expuesto para que rebose la evidencia.

2º Porque el hombre moderno y las instituciones sociales actuales están en las leyes comprendidos tal como los entendían y juzgaban los legisladores antiguos, toda vez que el Código civil, por más que sus compiladores modernos hayan hecho milagros de expurgo y concordancia en la multitud de leyes dispersas en infinitos e intrincados libros y en el derecho romano, muy anterior a nuestra era, es un arlequín compuesto de retazos en que se cierne como señor dominante el error de aquellos remotos tiempos con sus falsas y trasnochadas ideas acerca de la autoridad, el hombre, la propiedad y la familia; y respecto de la legislación foral, solo diré como muestra, que el fuero catalán, de origen también antiguo, es una compilación hecha en tiempo de Felipe V, y que tiene como derecho supletorio para los casos imprevistos, el derecho canónico, que es una mezcolanza de Biblia, cánones, concilios, santos padres y decretos pontificios, y el derecho romano con su Instituía, Pandectas, Código de Justiniano y las Novelas, monserga legal donde ni Cristo se entiende, como dicen en mi tierra, y en que para ser aceptable el engaño político que se cobija bajo el nombre de democracia, y que pase el otro engaño llamado sufragio universal, se sustituyeron las palabras amo y esclavo, señor y siervo, por estas otras más dulces y pasaderas: capitalista y obrero.

3º Porque el concepto hombre no cabe jamás en la concepción de ningún hombre; lo que hace todo el que quiere juzgar a su semejante es medirle con la medida de sí mismo; es decir, de sus errores, de sus preocupaciones y de sus intereses; a nada mejor que a este asunto puede aplicarse aquello de “ver las cosas del color del cristal con que se mira”. Por eso el hombre de genio de edades remotas, por adelantado que fuese respecto de sus contemporáneos, no tiene comparación con el hombre término medio de nuestros días; les separan distancias inmensas en el espacio recorrido en la evolución progresiva, como son: nacimiento, desarrollo, apogeo, decadencia y ruina de naciones; explosión, dominio y abandono de creencias místicas; sistemas filosóficos que pasan todas las fases de la escala de la vida hasta hundirse en la muerte del olvido; aumento y metodización racional hasta un punto maravilloso de la ciencia; aplicación de la misma a la satisfacción de las necesidades humanas, que supera en la realidad a las más bellas concepciones poéticas del milagro.

4º Porque si, como acabamos de ver, la antigua y la novísima legislación resulta, además de inaceptable, inaplicable por añeja y rancia, al cabo podía suponerse en el legislador antiguo el prestigio del saber y de la buena fe, mientras que en los legisladores de nuestros días... ¿qué decir de ellos? Baste consignar que, según la Constitución vigente, en España la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey, que este cargo es hereditario, y que las Cortes, o sea el Senado y el Congreso de diputados, el primero se forma de cierta manera privilegiada para que resulte moderador, en que entra en gran parte la herencia de cierto número de familias horriblemente decadentes llamadas la aristocracia; el alto clero con su intransigencia hacia todo lo que mira a lo porvenir, con su egoísmo de clase y con esa soberbia propia de ignorantes sublimizados ante la adoración de los devotos, y los representantes de corporaciones privilegiadas, no por más sabias, ni más virtuosas, ni más útiles que otras, ni cada uno de sus individuos comparados con los individuos vulgares, sino porque Corporaciones e individuos, han hecho condición de vida de su servidumbre- al privilegio; y respecto del Congreso, se ha convertido en el monopolio de los políticos de oficio, es decir, de los ambiciosos, de los charlatanes, de los inhábiles para toda otra profesión; y así se da el caso que, como dice Spencer, mientras que para, ejercer una profesión cualquiera se necesita cuando menos un aprendizaje y para las de carácter más elevado se exige un título que acredite la capacidad del profesor, para legislar no se necesita más que la sans-façon del candidato y el voto del elector o el pucherazo del cacique, y ni por broma puede compararse “a Moisés, Solón, Numa Pompilio o Alfonso el Sabio con los Pérez o los López de la mayoría, o con cualquier tribuno de la minoría que, por elocuente que sea, en punto a conocimientos, no excede gran cosa del arte de agradar al elector y aun al cacique dueño del encasillado sin que el elector se entere.

En resumen: la igualdad ante la ley es imposible por ilegal, por punible; la ley es insostenible por anacrónica; la grandeza del hombre no cabe en la pequeñez de la ley, y por añadidura tenemos la incapacidad profesional de los legisladores.

De modo que la igualdad ante la ley es un señuelo, una trampa democrático-burguesa para cazar incautos, o lo que es lo mismo, electores, progresistas platónicos, sumisos a la explotación, y, sobre todo, para convertir en cómplices a las mismas víctimas de la iniquidad, que es lo más refinado en el arte del gran timo, del arte de engañar a la multitud.