Llamamiento a la razón

(La Idea Libre, 22/10/1898)

A la vista de los desastres ocasionados por la pereza de los que mandan, dogmatizan, administran y derrochan, y la pasiva ignorancia de los que obedecen, creen, trabajan y pagan, los periódicos, los centros burgueses y las tertulias rebosan recursos, arbitrios y consejos en que nadie cree y que nadie acepta, y como las causas de tanto mal siguen florecientes y lozanas, queda asegurada abundante cosecha de hambre, deshonra, crímenes y muertes prematuras.

Y lo malo es que si como españoles tenemos la causa perdida, como hombres, es decir, como miembros de la gran familia humana, no está mucho más adelantada, porque de todo cuanto aquí ha producido y producirá desgracias a porrillo no están exentas las demás naciones.

Ante la consideración de tan inmenso cuadro y desventuras que se lamentan en todos los idiomas y dialectos que se hablan en el mundo, y cuyo origen es anterior a los remotísimos tiempos en que tuvo principio la historia, a la que sirven casi exclusivamente de objeto, preciso es declarar absolutamente fracasados los dos grandes arbitrios que se ofrecieron a la humanidad como panacea de efecto infalible: el cristianismo y la democracia.

El primero nos declaró a todos hijos de Dios y herederos de su gloria, y lo positivo es que de él han salido el catolicismo, engendrador del Santo Oficio y de la Compañía de Jesús, y la infinidad de sectas protestantes, que separan en odios irreconciliables a los creyentes, conformes todos en la aceptación de aquella falsa y cruel profecía, atribuida a un dios de amor, bondad y justicia, que asegura que siempre habrá pobres en el mundo.

La segunda proclamó los derechos del hombre y del ciudadano, y dio por huidos los poderes absurdos y tiránicos, produciendo como únicos resultados la dominación de la clase capitalista y la reducción del trabajador a la condición de paria de la sociedad moderna.

La causa de tales fracasos consiste en que desde un principio se creó como fundamento social, y como tal quedó subsistente siempre, a través de todas las transformaciones del mundo, la iniquidad más antisocial que puede concebirse: la usurpación perpetrada por los privilegiados de la riqueza natural y de la producida por el trabajo, conocida con el nombre de derecho de propiedad, y su consiguiente secuela el llamado derecho de herencia.

Sobre asunto tan importante, a pesar de cuantos sofismas han lanzado los economistas y ha recopilado la famosa encíclica Rerum novarum, se declaró ya el proletariado militante, dando a su declaración la solemne autoridad de la evidencia, como puede verse por los acuerdos siguientes:

I.— Considerando que las minas, cuencas hulleras y ferrocarriles son grandes instrumentos de trabajo fijos en el suelo, que ocupan una vasta extensión de la tierra cuyo dominio ha sido dado gratuitamente a la humanidad por la Naturaleza; que estos instrumentos de trabajo exigen necesariamente la aplicación de las máquinas y de la fuerza colectiva; que las máquinas y la fuerza colectiva que existen hoy en beneficio exclusivo de los capitalistas deben en lo porvenir aprovechar únicamente al trabajador, y que para conseguirlo es necesario que el trabajo se efectúe por grupos redimidos del salario, el Congreso acuerda:

1º Las canteras, las minas de toda especie y los ferrocarriles, en una sociedad normal, pasarán a la colectividad social.

II.— Considerando que las necesidades de la producción exigen la introducción de máquinas y la organización de la fuerza colectiva en la agricultura; que el trabajo agrícola y la propiedad del suelo se hallan en idéntico caso que el trabajo minero y la propiedad del subsuelo; que la tierra es la materia prima de todos los productos, el manantial primitivo de todas las riquezas, y no es nunca resultado del trabajo de ningún particular; que la posesión individual de esta materia primera somete a la sociedad entera a la tiranía de los propietarios, el Congreso declara:

La tierra laborable debe ser propiedad colectiva, que será concedida en usufructo a las sociedades agrícolas mediante contratos análogos a los pactados para la concesión de minas y ferrocarriles.

III y IV.— Los bosques, caminos, canales, carreteras y líneas telegráficas, por razón de justicia, de higiene y de economía serán propiedad colectiva de la sociedad.”

(Congreso III de La Internacional, Bruselas 1868)

I.— El Congreso declara que la sociedad tiene el derecho de abolir la propiedad individual de la tierra, y hacer de modo que ésta entre en la comunidad.

II.— Considerando que el derecho de herencia, que es un elemento esencial de la propiedad individual, ha contribuído poderosamente a alienar la propiedad territorial y la riqueza social en provecho de unos pocos y en detrimento del mayor número, y que en consecuencia es uno de los mayores obstáculos para la entrada de la tierra en la propiedad colectiva; que el derecho de herencia, por restringida que sea su acción, impide absolutamente a la sociedad adquirir los medios para su desenvolvimiento moral y material, y constituye un privilegio que redunda en perjuicio constante del derecho social; que la propiedad colectiva es incompatible con la existencia de tal privilegio, el Congreso reconoce que el derecho de herencia debe de ser completa y radicalmente abolido, y que esta abolición es una de las condiciones indispensables a la libertad del trabajo.”

(Congrego IV, Basilea 1869.)

La doctrina y la aspiración contenidas en los acuerdos transcritos arguyen la condición indispensable y fundamental de la paz social que todo el mundo anhela; son un programa, una esperanza y un punto de partida para los grandes hechos que en la ciencia, en el trabajo y en la felicidad están reservados a las generaciones futuras, y son también un consuelo para los que hemos de vivir aún sometidos al privilegio.

¡Ojalá que su verdad y su justicia ilumine las inteligencias y calme las pasiones de los que en las alturas de la opresión y en los antros del sufrimiento se hartan de odio y vilipendian la fraternidad humana!